El catálogo penal venezolano plantea, entre muchas, una clasificación de los delitos enfocada desde la forma en que se ejerce la acción y se insta el proceso, así tenemos: 1.- Delitos de Acción Pública, aquellos que para su persecución solo se requiere que el Estado se haga del conocimiento del caso, por cualquier medio, para que proceda De Oficio al inicio del proceso respectivo, 2.- Delitos Dependientes de Instancia Privada, aquellos que si bien pueden ser perseguidos por el Estado, su tramitación no puede ser iniciada De Oficio por lo que requieren de la denuncia de la víctima y 3.- Delitos de Instancia Privada, aquellos en los cuales la víctima es quien ejerce e impulsa la acción punitiva a lo largo de todo el proceso en condición de acusador privado.
En este contexto, el ordenamiento procesal penal establece que el enjuiciamiento de los delitos de acción o instancia privada, puede instarse por acusación privada presentada por la víctima ante un tribunal de primera instancia penal en funciones de juicio con competencia en el ámbito territorial en el que haya tenido lugar la comisión del delito. Debe indicarse en la acusación la identificación y domicilio o residencia del acusador y del acusado; el delito imputado; una relación circunstanciada del hecho en términos de tiempo, modo y lugar; los elementos de convicción en los que se funda la participación y responsabilidad del imputado en el delito; los medios de prueba que se ofrecen; justificación de la cualidad de víctima; la solicitud de enjuiciamiento del imputado y la firma del acusador o de su apoderado.
Nuestros servicios de representación a la víctima están fortalecidos con la vasta experiencia de más de veinticinco años en áreas de investigación jurídico-penal y forense, abarcando desde el encuadramiento del hecho en el tipo o tipos penales respectivos hasta el aseguramiento e incorporación de los elementos de convicción idóneos que aseguren una determinación certera de la verdad y, con ello, las resultas más favorables del procedimiento.
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