El artículo 49 de nuestra Carta Magna consagra el debido proceso como principal mecanismo de tutela para toda persona a quien se le atribuya la comisión de un hecho delictivo. Esta garantía –que debe ser verificada en toda actuación judicial y/o administrativa– comporta entre otras cosas la defensa y la asistencia jurídica como derechos inalienables en todo estado y grado de la investigación y del proceso.
En el mismo orden, el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal establece el derecho de toda persona contra quién recaiga una imputación penal a designar un abogado o abogada de su plena confianza para que ejerza su representación y defensa en todos y cada uno de los actos del procedimiento.
Dicho defensor(a) deberá reunir una serie de aptitudes que le califiquen para intervenir en todas y cada una de las fases del proceso penal y aseguren un mínimo de riesgo, pues es nada más y nada menos la libertad del defendido la que se haya en juego, por esta razón el defensor en lo personal debe ser honesto, objetivo, puntual, responsable y en lo profesional debe estar muy actualizado en materia jurídica, jurisprudencia y doctrina y, conocer igualmente de actuaciones de investigación criminal y de ciencias forenses.
Todas estas cualidades le proveerán de las herramientas que, a su vez, le facilitarán desenvolverse idónea y efectivamente en todas las etapas del juicio, permitiéndole desde construir argumentos sólidos que aseguren la mejor defensa –tanto de forma como de fondo– hasta identificar e impugnar eficazmente actuaciones y pruebas perjudiciales.
Nuestros servicios de Defensa Penal Privada están fortalecidos con la vasta experiencia de más de veinticinco años en áreas de investigación jurídico-penal de hechos de alta complejidad, abarcando todas y cada una de las etapas o fases del proceso; haciendo factible el ejercicio oportuno de oposiciones e impugnaciones y la formulación de alegatos asertivos para la defensa de la causa, asegurando con ello un margen mínimo de riesgo a nuestros defendidos.
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