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jueves, 27 de julio de 2023

Criterio jurisprudencial que fija la forma en que debe estipularse el salario para que su pago y el de los beneficios que del mismo emerjan sean exigibles en moneda extranjera.

En sentencia No.0146, de fecha doce (12) de abril de dos mil veintitrés (2023), Expediente 22-209, con ponencia del Magistrado ELÍAS RUBÉN BITTAR ESCALONA, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia fijó criterio según el cual para considerar que el salario se reconozca como pactado en moneda extranjera es necesaria la existencia de una convención especial (contrato, cláusula o acuerdo) que de forma expresa así lo estipule conforme lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela.

A continuación, transcribimos parte del fallo:

“(…) de la lectura de la denuncia parcialmente transcrita, esta Sala entiende que, aun cuando el formalizante delata la infracción de tres normas jurídicas distintas, de la motivación de la misma se observa que lo requerido por el formalizante es denunciar el vicio de falta de aplicación de los artículos 123 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, 128  del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Banco Central de Venezuela, y 8 literal a) del  Convenio Cambiario Nro. 1, al condenar el juez superior a la demandada al pago de conceptos laborales en moneda extranjera, sin tomar en cuenta que el salario  pactado por ambas partes fue en moneda de curso legal. DESTACADO NUESTRO

Respecto a la falta de aplicación, ha sido criterio reiterado de esta Sala de Casación Social, que la misma ocurre cuando el sentenciador no emplea o niega la aplicación de una norma vigente que es aplicable al caso en cuestión, la cual, tiene incidencia en el dispositivo del fallo.

Al respecto, el artículo 123 de la Ley Orgánica del Trabajo las Trabajadoras y los Trabajadores prevé lo siguiente:

“Artículo 123. El salario deberá pagarse en moneda de curso legal. Por acuerdo entre el patrono o la patrona y el trabajador o la trabajadora, podrá hacerse mediante cheque bancario o por órgano de una entidad de ahorro y préstamo u otra institución bancaria, conforme a las normas que establezca el Reglamento de esta Ley.

No se permitirá el pago en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que quiera sustituirse la moneda.

Podrá estipularse como parte del salario, cuando ello conlleve un beneficio social para el trabajador o trabajadora, la dotación de vivienda, la provisión de comida y otros beneficios de naturaleza semejante”. DESTACADO NUESTRO

Por su parte, la Ley Orgánica del Banco Central de Venezuela (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 6211, Extraordinario, Decreto Nº 2.179, de fecha 30 de diciembre de 2015), en su artículo 128, establece lo siguiente:

“Artículo 128. Los pagos estipulados en monedas extranjeras, se cancelan, salvo convención especial, con la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal al tipo de pago corriente en el lugar de la fecha de pago”. DESTACADO NUESTRO

Del primer dispositivo transcrito, se concluye que el salario debe ser pagado en moneda de curso legal, que en nuestro país es el bolívar, por lo que no se permite el pago del salario a través de mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que quiera sustituirse la moneda; debiendo ser pagado en dinero efectivo, o mediante cheque bancario o por depósito en entidad de ahorro y préstamo u otra institución bancaria.

De igual forma, el artículo 128 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Banco Central de Venezuela antes citado, establece como norma rectora que la obligación de efectuar la debida cancelación de un pago contraído en cualquier moneda extranjera, puede hacerse con el equivalente en moneda de curso legal en el país, esto es, bolívares, al tipo de cambio de referencia establecido por el Banco Central de Venezuela, para la fecha valor del día en que se realice el pago, sin embargo, dicha norma rectora, contiene una excepción, “salvo convención especial”, lo cual significa que las partes involucradas (acreedora y deudora) pueden pactar que el cumplimiento de la obligación se haga válidamente en la moneda extranjera que previamente se haya estipulado, esto es, como moneda de pago y no de cuenta, a excepción de aquellos casos en que el deudor deba efectuar pagos parciales del salario en moneda extranjera.

La excepción a la regla, a la cual hace referencia el dispositivo antes transcrito, de ninguna manera permite presumir de la conducta del deudor, en caso de pagos parciales efectuados en moneda extranjera, o en el caso de obligaciones de tracto sucesivo donde el deudor haya efectuado total o parcialmente, si no existe convención especial que así lo haya establecido, el pago en dicha moneda, que ésta es la que obliga, como (SIC) por ejemplo, en el caso de la obligación de pagar el salario.

Tampoco puede presumirse la existencia de dicha excepción con la presunción iuris tantum establecida en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, de manera tal que se invierta la carga de la prueba sobre la existencia de la obligación adquirida; debido a que quien invoque la existencia de la excepción debe probarla, esto es, la “convención especial”. DESTACADO NUESTRO

No obstante, si el pago parcial o total de salario en moneda extranjera no se estipuló previamente a través de un contrato escrito, es decir, que no se ha efectuado una “convención especial”, no puede considerarse tal circunstancia como una excepción a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley Orgánica del Banco Central de Venezuela.

En este sentido, cuando la doctrina y jurisprudencia se refieren a una determinada moneda extranjera como “moneda de pago”, no se refieren a cómo se ha pagado o viene pagando una determinada obligación, o a cómo se lleva la contabilidad frente a una determinada operación (moneda de cuenta), sino a cómo el deudor está obligado a cancelar, total o parcialmente, según la “convención especial”, su deuda o a ello puede ser constreñido por el acreedor.

Ahora bien, el artículo 8 del mencionado Convenio Cambiario N° 1 (2018), señala lo siguiente:

“Artículo 8.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela, el pago de las obligaciones pactadas en moneda extranjera será efectuado en atención a lo siguiente:

a) Cuando la obligación haya sido pactada en moneda extranjera por las partes contratantes como moneda de cuenta, el pago podrá efectuarse en dicha moneda o en bolívares, al tipo de cambio vigente para la fecha del pago (…)”

De la lectura del artículo transcrito se entiende que cuando la obligación haya sido pactada en moneda extranjera por las partes contratantes como moneda de cuenta, el pago “podrá efectuarse en dicha moneda o en bolívares”, al tipo de cambio vigente para la fecha del pago.

(OMISIS)

Ahora bien, con relación a las obligaciones de pago en la República Bolivariana de Venezuela expresadas en moneda extranjera, esta Sala de Casación Social dejó sentado en sentencia número 269 de fecha 8 de diciembre del año 2021 (caso: Oscar Rafael Quiroz Bravo y otros, contra Baker Hughes de Venezuela, S.C.P.A.), lo siguiente:

“Asimismo, debe indicarse que en atención al artículo 128 en referencia, en principio las obligaciones en Venezuela expresadas en moneda extranjera y (SIC) pagadera en el territorio, utilizan la divisa como moneda de cuenta, como referencia para el pago equivalente en bolívares aplicando el cambio o tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela para el momento en que se realice el pago efectivo, salvo convención especial en contrario, entendida como contrato, cláusula o acuerdo, que consagre a la moneda extranjera como moneda de pago, siempre que lo permita el marco del sistema o régimen de operación con divisas existente para el momento del pago.

 (OMISIS)

Así las cosas, siendo el bolívar la moneda de curso legal (dinero), como lo refiere el artículo 123 citado no se permite el pago del salario en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que quiera sustituirse la moneda; debiendo ser pagado en dinero efectivo, o mediante cheque bancario o por depósito en entidad de ahorro y préstamo u otra institución bancaria; más el bolívar no es de curso forzoso entre particulares, lo que permite que el salario, como remuneración, provecho o ventaja por los servicios prestados, pueda acordarse por las partes en todo o en parte en moneda extranjera como compensación por el servicio efectuado y forma de mantener el poder adquisitivo del salario, reflejándolo en el recibo de pago del trabajador (artículo 106 LOTTT), en el entendido, que el salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades materiales, morales e intelectuales del trabajador y de su familia, en relación con la actividad cumplida (artículo 111 LOTTT).

De esta manera, se acepta el pago del salario en moneda extranjera por convención especial y a la luz del nuevo marco cambiario, conforme a lo previsto en el artículo 128 mencionado concatenado con el Decreto Constituyente (2 de agosto de 2018) y el Convenio Cambiario N° 1, en su literal b), del artículo 8 mencionado y; en caso de pactarse lo devengado en salario en moneda extranjera como moneda de cuenta, se permite que el patrono pueda liberarse de su obligación efectuando el pago en dicha moneda o en bolívares, atendiendo al literal a) del artículo 8 del vigente Convenio Cambiario N° 1 (7 de septiembre de 2018).

En este sentido, la Sala de Casación Civil en sentencia N° 106 del 29 de abril de 2021 (caso: Gabriela Coromoto Infante Gravina y otra, contra Alexander Santa María Ávila y otro), señaló lo siguiente:

En cuanto a las obligaciones, la Sala ha establecido que debe distinguirse cuando la obligación en divisas está expresada en moneda de cuenta (moneda alternativa) o como moneda de pago stricto sensu. En el primer caso, la Sala ha establecido que la moneda extranjera funciona como una moneda de cuenta, es decir, de modo referencial del valor de las obligaciones asumidas en un momento determinado, en el segundo caso, la moneda extranjera se fija como moneda efectiva y exclusiva de pago.

En este sentido, cuando la moneda extranjera funciona como moneda de cuenta, implica que las partes la emplean como una fórmula de reajuste o estabilización de la obligación pecuniaria frente a eventuales variaciones del valor interno de la moneda de curso legal, que en nuestro caso es el Bolívar. Así, el deudor de una obligación estipulada en moneda extranjera, en principio, se liberará entregando su equivalente en bolívares a la tasa corriente a la fecha de pago, precisamente tanto la moneda de cuenta como la moneda de curso legal están in obligationem, pero una sola de ellas está in solutionem, en consecuencia salvo que exista pacto especial o cláusula de pago efectivo en moneda extranjera, conforme lo dispone el artículo 128 de la mencionada Ley del Banco Central, el deudor se liberará de la obligación nominada en moneda extranjera mediante la entrega de su equivalente en bolívares a la tasa de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago (…)”

Fuente:

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/abril/324169-146-12423-2023-22-209.HTML

 

lunes, 6 de julio de 2020

1° Conferencia telemática sobre Análisis de Telefonía y Derecho a la Privacidad consideraciones jurídico - prácticas

 

El desarrollo alcanzado hoy día con las tecnologías de información ha dejado una huella imborrable en la manera en que los seres vivientes nos relacionamos, a un punto tal que las concepciones tradicionales con las que veníamos desarrollando nuestra convivencia se han visto forzadas a evolucionar para no quedar fuera del contexto tecnológico que hoy prevalece, surgiendo así nuevas formas de visualizar y de llevar a cabo, tareas y procesos que antes eran concebidos en términos distintos y que hoy están siendo actualizados y en muchos casos replanteados.

Lo antes expuesto también ocurre con el Derecho, que ha debido adaptarse al cambio imperante desde todos los enfoques que involucren su aplicación como ciencia que estudia y regula el comportamiento humano.

Desde esta óptica, el desarrollo de la ciencia jurídica ha sido constante y por ello su profundización se halla abierta al debate permanente que posibilita nutrir un conocimiento que debe subsistir delante de cada supuesto que implique un riesgo para la convivencia social y que permita una solución idónea ante cada controversia que surja en cada una de sus ramas.

En el caso de la ciencia penal, bien es sabido que con el progreso tecnológico han surgido nuevas formas de cometer y/o de perfeccionar delitos, así como también nuevas formas de demostrarlos y con ello determinar la verdad, en un contexto en el que el modelo acusatorio, la libertad probatoria y la sana crítica se han impuesto en los distintos ordenamientos del mundo como los esquemas más aceptados para garantizar y hacer efectiva la administración de justicia.

Este enfoque garantista, que obliga a juzgadores a fundamentar sus decisiones, ha dado lugar al surgimiento de una nueva tendencia jurídica que posiciona al Derecho Probatorio como una disciplina en la cual, el conocimiento forense se constituye en la principal base de toda sustentación, ya que es este saber el que de manera idónea posibilita el encuadramiento de la prueba dentro de conceptos como la lógica, el conocimiento científico y las máximas de experiencia (elementos de la sana crítica), implicando a su vez que en el campo de la prueba libre es imperativo el desarrollo cognitivo y doctrinal de cada medio probatorio concebido desde su generalidad, su particularidad e individualidad.

Es por ello que, en el empeño de fomentar y contribuir al sano debate legal, ponemos a disposición de juristas y consultores técnicos nuestra propuesta de capacitación denominada SEMINARIO JURÍDICO – PRÁCTICO SOBRE ANÁLISIS DE TELEFONÍA COMO MEDIO DE PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL VENEZOLANO (100% en línea próximamente), en la que desde las distintas perspectivas que el tema involucra, hacemos una compilación del conocimiento técnico - jurídico necesario a los efectos de asegurar el uso lícito e idóneo del referido medio de prueba, actualmente inexistente y presente en al menos el 90% de los procedimientos tramitados hoy día en el mencionado entorno.

En este instante invitamos a juristas y consultores técnicos a participar en nuestra 1° CONFERENCIA TELEMÁTICA SOBRE ANÁLISIS DE TELEFONÍA Y DERECHO A LA PRIVACIDAD, uno de los puntos de vital importancia en el ámbito de la aludida temática, en el que desarrollaremos desde el debido enfoque jurídico, en un breve estudio de derecho comparado, el conocimiento idóneo y relevante a los efectos de dar respuesta a interrogantes que muchos juristas se plantean día a día en el devenir de su labor profesional tales como ¿afecta el estudio de cruce de llamadas telefónicas al derecho a la privacidad?; ¿requiere aval judicial el acceso de los órganos de policía a los metadatos de telefonía en una investigación criminal?, si a usted le interesa conocer las respuestas no se pierda este enriquecedor evento.

La ponencia estará a cargo del Abogado Penalista FRANDERR Y. COLMENARES T. (experto certificado en investigación criminal y precursor local en el uso de esta herramienta probatoria) a través de la aplicación ZOOM MEETINGS, en la siguiente fecha y horario:

DIA:                   Viernes 31 de Julio de 2.020

HORA:               05:00 PM

Incluye certificación digital.

#ANÁLISISDETELEFONÍA, #DERECHOPENAL, #CRIMINALÍSTICA, #CONSULTORESTÉCNICOS, #DERECHOALADEFENSA, #DEFENSAPENAL, #INVESTIGACIÓNCRIMINAL, #PRUEBASPENALES.

lunes, 15 de junio de 2020

Incorporados Registros y Notarías al Plan de Flexibilización de la Cuarentena

Caracas 14/06/2020. En una nota de prensa publicada en el portal del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) se tuvo conocimiento de la incorporación de sus dependencias al plan de flexibilización de la cuarentena dispuesta con motivo de la propagación del virus COVID-19.

Adicionalmente se pudo conocer que, en dicho contexto, el aludido servicio cumplirá con sus labores en el siguiente horario:

Días:           Martes, Miércoles y Jueves.
Horario:      08:00 am a 12:00 m

A continuación, transcribimos parte de la información:

“En el cronograma de flexibilización 7+7 quedó establecido que, a partir de la próxima semana, los Registros y Notarías se activarán los días martes, miércoles y jueves en un horario comprendido de 8 de la mañana a 12 del mediodía, anunció este sábado el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el balance de las acciones implementadas para la contención del Covid-19 y presentación del Plan de Flexibilización (…)”

Puedes ver la nota completa en el siguiente enlace:

http://www.saren.gob.ve/?p=2736