Actualmente
el uso de teléfonos celulares en la comisión de hechos punibles aporta a las
instituciones de policía una herramienta vital a la hora de llevar a cabo
aquellos procesos de investigación en los que suponiendo la hipotética existencia
de una comunicación telefónica durante la perpetración del eventual ilícito, el
investigador logra obtener a través de las operadoras de telefonía una cantidad
determinada e importante de información cuyo estudio hace posible la obtención
de elementos determinantes para el establecimiento de las circunstancias del
delito, la individualización del autor o autores y su correspondiente
aprehensión.
Por ello,
el uso de registros de llamadas telefónicas y sus correspondientes análisis
como medio probatorio en procesos penales se ha convertido en una práctica
común en la actividad de los organismos encargados de la persecución del delito
(hoy presente en más del noventa por ciento de los casos) que ha hecho
más efectiva la administración de justicia.
Sin
embargo, pese a que el aludido uso ha tenido lugar desde hace más de treinta
años, es inevitable reconocer que falta mucho por recorrer para que el
mismo opere, sin lugar a dudas, en perfecta y armónica adecuación con los
principios que rigen al Derecho, esto considerando en primer lugar, los cambios
por los que han atravesado los distintos ordenamientos jurídicos del mundo en
los que se ha hecho caso omiso al tema y, en segundo término, la inexistencia
de un conocimiento formal (aceptado por la ciencia jurídica) sobre la
materia, que sumado a la escasa jurisprudencia sobre el particular, ha permitido
la generación de vacíos y/o lagunas en el contexto en el que dicho medio de
prueba ha sido eventualmente incorporado, admitido y valorado, dejando en
evidencia la necesidad de una doctrina que oriente la resolución de las
controversias en las que medie la utilización de este importante recurso, situación
que hasta hoy día ha sido cubierta con una práctica meramente empírica que en nada
garantiza una justicia en términos objetivamente justos.
Originariamente,
los registros de llamadas telefónicas existieron como un mecanismo de control y
documentación de consumos generados por clientes de las primeras empresas
proveedoras de servicios telefónicos, calculados inicialmente a través de
impulsos de tarificación que cada red generaba según el tipo de llamada (urbana, extraurbana
o internacional) y que eran almacenados en un contador que el
operador asignaba a cada abonado, con el cual estaba en posibilidad de
determinar el número concreto de impulsos consumidos por cada línea telefónica
en el total de las llamadas realizadas durante el correspondiente periodo de
facturación. No obstante, por tratarse en aquel entonces de estructuras
completamente analógicas con entornos de bajas capacidades, el almacenamiento
de estos registros era muy limitado, ocasionando que este esquema tarifario fuese
configurado para que individualizara y almacenara los metadatos de la
transacción solo cuando se tratara de llamadas extraurbanas o internacionales (llamadas
con codificación) las cuales resultaban más onerosas y por ende generaban
un mayor índice de siniestralidad en la modalidad consumos no
reconocidos por el cliente, dando lugar a pérdidas considerables, constituyéndose la inspección técnica y el registro de
llamadas de la conexión siniestrada en el punto de partida para la
solución de este tipo de incidencias, que en muchas ocasiones desembocaron en
procesos penales en aquellos casos en los que se determinó que el servicio
había sido objeto de una instalación clandestina que desviaba su
utilización a una segunda ubicación física, lográndose a través del análisis de
las llamadas cuestionadas la identificación del receptor o receptores de cada
comunicación y, en muchos casos, la individualización del autor del delito,
siendo éste uno de los primeros usos forenses conocidos para el tan citado
recurso que comenzó a ser utilizado por investigadores de la época que
advirtieron el inmenso potencial que de él se desprendía para la solución de
otros delitos en cuyo iter criminis mediaba la realización de llamadas
telefónicas.
No
sería sino hasta comienzos de los 90’s que llegó al mercado la telefonía móvil
convirtiéndose en el fenómeno comunicacional del momento, caracterizada por sus
elevados costos que obligaron a las operadoras a incrementar capacidades de
almacenamiento de datos para registrar todos los consumos salientes de sus
clientes pese a operar aún en un entorno aún analógico, así mismo, por su
asombrosa movilidad que la posicionó como el modelo de comunicación personal
por excelencia, convirtiendo al teléfono celular en una herramienta infaltable
a la hora de cualquier trabajo ilícito que se deseara exitoso. Es en este
instante que el análisis de llamadas comenzó a destacar como una diligencia
indescartable en la persecución del crimen, más aún cuando este primer auge
tuvo lugar en un contexto contemporáneo con el conocido bum de la clonación de
teléfonos celulares que abasteció de comunicación a bandas criminales dedicadas
a la comisión de delitos como el secuestro, la extorsión, el
robo y hurto de vehículos, el tráfico de drogas, el
robo a entidades bancarias y vehículos blindados, entre otros.
Posteriormente
llegó el momento del prepago, las empresas de telefonía en una maniobra
comercial dirigida a incrementar su clientela y desvincularse de facturaciones
irrecuperables flexibilizaron los esquemas de cobranza que hasta entonces
funcionaban bajo el modelo de pago posterior –postpago– que funcionaba
mediante una suscripción con cargo automático a una tarjeta de crédito sin la
cual no podía contratarse el servicio para ofrecer mayor fiabilidad a la base
de datos de abonados y prevenir fraudes; el resultado, un aumento
violento y descontrolado en la venta de líneas y equipos celulares en todas las
empresas telefónicas que dio lugar a la configuración de productos con datos de
clientes falsos y/o anónimos, incrementando consecuencialmente su uso en la
comisión de hechos punibles.
Fue a
finales de la citada década que la digitalización en el campo de las
telecomunicaciones comenzaría a materializarse, trayendo consigo la creación de
estructuras de datos más robustas y dinámicas que facilitarían el procesamiento
y registro de las comunicaciones de los clientes. Un punto importante que marcó
la consolidación de las telecomunicaciones digitales estuvo dado por la llegada
del estándar GSM (Global System Mobile) que representó un importante
avance para la telefonía al permitir a las operadoras un mayor control sobre los
registros de llamadas y poco más delante sobre los registros de mensajes de
texto (SMS por sus siglas en inglés) tanto entrantes como salientes.
El
siguiente momento relevante se dio con la posibilidad de consultar el registro
de tráfico de las estaciones base, los datos inherentes a las recargas prepago (individualización
de las tarjetas scratch utilizadas) y, en muchos casos los datos de las
conexiones a internet, en resumen, todos los datos incorporados en cada CDR (call
detail register ó registro detallado de llamada) generado por determinado
abonado; así, las estructuras de las operadoras totalmente digitalizadas y
fortalecidas con los últimos avances de las telecomunicaciones y la informática
permitieron generar consultas del flujo de llamadas que en un instante
determinado transitaban en cada punto de la red, siendo entonces posible
establecer a través de cuál estación base se inició, transitó o finalizó una
llamada, se envió un mensaje de texto y/o una conexión a internet.
El
fundamento de lo antes indicado vino dado por la configuración de cada red
móvil que pudiendo poseer uno o más HLR (Home Location Register) estuvo
en capacidad de mantener una base de datos de información relacionada con la
ubicación de cada usuario dentro de la misma, su estatus de conexión y las
características de su abono (servicios suscritos, tipo de terminal, etc.).
Al recibir una llamada, el MSC (Master Switching Central) pregunta al
HLR correspondiente al número llamado si éste se halla disponible y ¿dónde
se encuentra localizado?, es decir, a qué BSC (Base Station Controller)
hay que pedir que le avise) y enruta la llamada o genera un mensaje de error.
Lo
antes expuesto conllevó a los diferentes sistemas de administración de justicia
a dar el único paso lógico que permitiría garantizar a los órganos de
investigación criminal la obtención de este tipo de información, considerada
hoy día como de vital importancia para el esclarecimiento de hechos delictivos,
teniendo lugar la promulgación de normativas tendentes a imponer a las
operadoras de telefonía, entre otras, las siguientes obligaciones:
1. Exigir
a sus abonados, como recaudos para la contratación del servicio lo siguiente:
a) Copia
fotostática de su tarjeta de identidad, pasaporte o cualquier otro documento
que acredite la individualización del contratante.
b) Dirección
de su domicilio.
c) Impresiones
dactilares.
d) Firma
autógrafa.
2. Disponer
de forma física o digital de los documentos relativos a la información
suministrada por los abonados al contratar los servicios.
3. Mantener
actualizada la Base de Datos de Abonados que contemple de forma detallada
cualquier modificación en la titularidad de los registros.
4. Disponer
de un registro detallado de llamadas (CDR) de todos sus abonados, que contenga
al menos, los siguientes campos:
a) Número
telefónico del abonado que origina la llamada (Abonado A).
b) Número
telefónico de destino (Abonado B).
c) Fecha,
hora y duración de la llamada.
d) Localización
geográfica y dirección de la estación base (celda) desde donde el abonado A
inicia, transita o culmina la llamada.
e) Localización
geográfica y dirección de la estación base (celda) en la cual el abonado B
recibe, transita y culmina la llamada.
5. Disponer
de un registro detallado de las activaciones de tarjetas prepagadas.
6. Suministrar
a los órganos de seguridad del Estado que tengan atribuidas facultades de
investigación o instrucción, la información que éstos soliciten, de forma
expedita y sin dilaciones, a los fines de contribuir con las investigaciones
que se lleven a cabo en el ámbito de sus funciones.
7. Realizar
campañas informativas dirigidas a sus abonados a los fines de dar a conocer los
mecanismos disponibles para la actualización de sus datos.
Ese
momento histórico (2005) coincidió con el comienzo de actividades de
desarrollo de herramientas de software de análisis por algunas empresas,
surgiendo aplicaciones como Penlink, I2 Analyst’s Notebook, Sentinel
Visualizer, entre muchas otras, las cuales hicieron posible que los
estudios de cruces de llamadas telefónicas pudiesen ser llevados a cabo en
espacios muy cortos de tiempo –lo contrario de cuando se hacían de forma
manual tardando meses en muchos casos– incrementándose con ello las
solicitudes de información a las operadoras y con ello el uso de la herramienta
probatoria, a un punto tal que, hoy por hoy, su utilización y promoción se
encuentra presente en, al menos, el 90% de la causas que se procesan en los
distintos tribunales penales.
Vemos
entonces que históricamente ha sido largo el camino recorrido desde el primer
uso del estudio de la telefonía como medio probatorio y que, pese a los logros
obtenidos en beneficio de la administración de justicia el uso de esta
importante herramienta requiere aún de un amplio desarrollo jurídico en el que
se contemplen aspectos que ponen en evidencia la aludida utilización respecto
de muchas infracciones que impactan en el derecho a la privacidad e intimidad
de las personas (una prerrogativa catalogada como un Derecho Humano en el
concierto de las naciones) hasta hoy pasadas por alto.
